Prevención de lavado de dinero y defensa PLD

Identificar obligaciones a partir de la actividad

El diagnóstico requiere conocer qué operaciones realiza la empresa, quiénes participan y qué información se obtiene de clientes o usuarios. Revisamos si esas actividades se encuentran dentro del régimen de actividades vulnerables de la LFPIORPI o si corresponden a un marco sectorial distinto. Esta separación evita trasladar obligaciones de un régimen a otro y permite definir una revisión que responda a la actividad real.

Estudiamos los procedimientos internos de identificación, integración de expedientes, conservación de información y presentación de avisos que resulten aplicables. El trabajo parte de la documentación existente y de las personas responsables de producirla. Detectar diferencias entre lo que una política describe y lo que ocurre en la operación ayuda a definir ajustes que la empresa pueda ejecutar y acreditar ante una revisión.

La asesoría considera la coordinación entre las áreas comerciales, administrativas y jurídicas. Una obligación puede depender de información que circula por varios equipos; por eso revisamos cómo se registra y quién verifica su integridad. La finalidad es que los expedientes y las actuaciones de cumplimiento correspondan a hechos comprobables, con seguimiento de los requisitos vigentes que resulten relevantes para la empresa y su tipo de operación.

Verificaciones y procedimientos sancionadores

Cuando una autoridad inicia una verificación, analizamos el acto recibido, su alcance y los documentos solicitados. Organizamos la respuesta con los expedientes y constancias que corresponden a las operaciones revisadas. También examinamos las actuaciones del procedimiento, para identificar qué hechos se atribuyen a la empresa y cómo puede explicar su cumplimiento o responder a las diferencias que la autoridad señale.

En un procedimiento sancionador revisamos las infracciones imputadas, los elementos que las sustentan y la valoración de pruebas. La defensa necesita atender cada conducta y su fundamento, distinguiendo omisiones documentales de diferencias sobre el alcance de una obligación. Preparamos argumentos y soportes que correspondan al expediente, sin asumir que un manual interno o una declaración general de cumplimiento resuelven por sí solos el cuestionamiento.

Si existe una resolución adversa, evaluamos los medios de impugnación que resulten procedentes conforme a la autoridad y al régimen aplicable. A la vez, identificamos ajustes de cumplimiento que puedan prevenir la repetición de las observaciones. La revisión conjunta permite atender el procedimiento actual y entender qué información o controles requieren seguimiento, manteniendo separados los efectos de la defensa y las obligaciones que continúan vigentes.

Preguntas frecuentes